Marzo 29 de 2019

Los altos índices de informalidad laboral en Colombia son uno de los problemas que el país debe enfrentar si quiere ser competitivo. Implementar acciones y políticas encaminadas a aumentar la productividad, como la inversión en talento humano e infraestructura,  podrían ser la respuesta.

Ser un trabajador informal en Colombia puede definirse desde varias perspectivas. Por ejemplo, para dicha encuesta se trata de empleados particulares y obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; trabajadores familiares sin remuneración; empleados domésticos, jornaleros, entre otras categorías.

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La informalidad laboral en Colombia, entendida como el porcentaje de trabajadores que no aportan a salud, pensión o a ambos, se estima en un rango entre 57,8% y 65,9% dependiendo de la medición, según el Informe Nacional de Competitividad 2018-2019, dado a conocer por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) a finales del año pasado.

Sea cual sea su definición, las causas detrás de este fenómeno son variadas. Por ejemplo, en el informe se señala el hecho de que las inflexibilidades en regulaciones asociadas a los costos laborales no salariales (CLNS) pueden contribuir a incrementar el desempleo, la informalidad y desincentivar la migración de los trabajadores hacia sectores más productivos de la economía y limitar la inversión.

“Si bien se han hecho avances en materia de reducción de la informalidad, especialmente a partir de la reducción de los CLNS en 2012, el desempleo se ha mantenido en un dígito pese a la desaceleración económica a partir de 2014. El producto por trabajador continúa prácticamente estancado”, dice el informe.

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Para Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, más allá de los costos laborales no salariales, la misma productividad estancada de los trabajadores es una de las causas de los altos índices de trabajo informal en Colombia.

“Es la productividad la que formaliza”, asegura Farné, quien señala que este factor en una economía en equilibrio es igual al salario. “Si tienes salarios bajos no tienes con qué aportar pagos a salud y pensión, mientras que si son altos sí lo puedes hacer y te queda dinero para cubrir otros gastos”, explica el experto.

De esta manera una mayor inversión a largo plazo en el desarrollo y formación del capital humano, así como en infraestructura y maquinaria sofisticada, puede traducirse en un aumento de la productividad laboral, de la competitividad y en mejores ingresos que deben ser invertidos en la formalización laboral y empresarial.

Pasos hacia la formalización

Hay un llamado similar del Consejo Privado de Competitividad en su informe de 2017: “las empresas deben acometer esfuerzos más decididos para incrementar su productividad, valiéndose de la adopción de mejores prácticas y tecnologías, la investigación y la innovación, la capacitación de su mano de obra y la internacionalización. Esto debe estar acompañado de una estrategia nacional para aumentar la formalidad, pues el lastre de la informalidad dificulta avances decididos en la sofisticación de la economía y el bienestar”.

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En el documento de 2018, esta organización hace una serie de recomendaciones para continuar avanzando en este tema, como reducir de manera integral las barreras empresariales que impiden la formalización  —como el umbral a partir del cual se empieza a tributar el impuesto de renta de personas naturales y las reglas de cotización de seguridad social— y los incentivos estatales a la informalidad —como la expansión del régimen subsidiado de salud—.

En ese punto también se hace referencia a la necesidad de modernizar el Código Sustantivo del Trabajo, adoptado en 1950, para que incorpore las nueva dinámicas laborales que han surgido a partir de los cambios tecnológicos, económicos y sociales, tales como esquemas de trabajo compartido, administración provisional, trabajos móviles, por portafolio y empleo colaborativo, entre otros.

Al respecto Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, afirma que “es fundamental que la regulación le abra campo a estos nuevos mecanismos de trabajo que generan flexibilidad, dinamismo y que seguramente han permitido que, a pesar de la reciente desaceleración de la economía colombiana, las tasas de desempleo se mantengan en un dígito”.

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Mientras que el profesor Farné advierte que, frente a estas formas atípicas de empleo, no debe descuidarse la calidad del trabajo que se ofrece. “Por ejemplo, un trabajador de medio tiempo gana menos y nunca logrará acumular un capital suficiente para pensionarse, a pesar de que paga contribuciones a seguridad social”, asegura.

El dilema del salario mínimo

Llegar a un nuevo acuerdo institucional alrededor del salario mínimo es otra de las recomendaciones del Informe Nacional de Competitividad. Aunque aumentar los ingresos de la población es un objetivo deseable para todos, el cálculo del salario mínimo debe reflejar los cambios que se presentan en los niveles de productividad laboral y la inflación.

“Cuando ello no es así, el incremento en costos para el empleador supera lo que puede obtener la empresa con la contratación de un empleado adicional y la demanda por mano de obra puede caer, generando desempleo o informalidad”, se explica en el Informe Mensual del Mercado Laboral de enero de 2018 de Fedesarrollo.

De acuerdo con el CPC, la determinación del salario ha superado entre 2011 y 2018 a la inflación y la variación de la productividad laboral en un valor anual promedio de 1,6%, generando además disparidades departamentales.

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Aumentos más allá de esas dos variables pueden generar problemas desde el punto de vista del incremento de la informalidad especialmente en los departamentos o en las ciudades donde la productividad laboral es relativamente baja”, explica el director de Fedesarrollo.

Combatir la informalidad empresarial

Fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y cumplimiento de la legislación laboral y focalizar su accionamiento en los informales, además de definir la informalidad empresarial en Colombia como un fenómeno multidimensional son las dos últimas recomendaciones que hace el CPC para reducir la informalidad. Ambas acciones han sido incluidas en la Política de Formalización Empresarial aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) a comienzos de año.

Una política que tiene como objetivo precisamente cambiar la mentalidad acerca de lo que implica para una empresa ser formal en el país, más allá del estado binario de serlo o no. “No se trata de ser formal e informal sino que es un fenómeno de muchas dimensiones y condiciones a cumplir. Tenemos que entender que esa es la realidad que viven las empresas para formular estrategias que les ayuden a entrar a cada uno de esos pasos de la formalidad”, sostiene Rafael Puyana, subdirector general sectorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

La política propone un plan de acción para mejorar la relación beneficio costo de una empresa que le supone el ser formal, el cual será implementado por entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Dane, quienes adelantarán acciones para disminuir la carga regulatoria de las empresas para convertirse en formales, apoyarlas para que materialicen los beneficios de la formalización y fortalecer las actividades de inspección, vigilancia y control al cumplimiento de las regulaciones.

Por ejemplo, se espera que a través de la Ventanilla Única Empresarial (VUE) el empresario podrá obtener el RUT, la matrícula mercantil, el registro como empleador ante las entidades de seguridad social, entre otros trámites, sin moverse de su negocio. “Con este tipo de medidas esperamos que Colombia pase del puesto 100 al puesto 52 en apertura de negocios del Doing Business, medición que califica la facilidad para abrir empresas en un país”, declara Puyana.

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La vigencia de la política es de diez años y su costo estimado es de 460.226 millones de pesos. Una inversión con la que se espera mejorar el bajo registro de las microempresas en el país —75% de ellas no están registradas- y los bajos niveles de cumplimiento de contratación formal de trabajadores, el pago de prestaciones sociales, la implementación de una contabilidad formal y la declaración y pago de impuestos, además de mejorar la disponibilidad de información sobre el sector empresarial con un censo económico en 2020.

Una situación preocupante para las mujeres

El año pasado el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario dio a conocer un informe sobre el “Perfil actual de la informalidad laboral en Colombia: estructura y retos” que reveló datos importantes sobre el panorama de la informalidad nacional para las mujeres.

El 49,3% de ellas trabaja en la informalidad.

Cúcuta (71%) es la ciudad con menores oportunidades formales de ocupación para esta población, seguida de Montería (62,4%), Pasto (60,7%), Bucaramanga (59,2%), Ibagué (58,5%) y Barranquilla (58%).

Aunque Manizales (43%), Bogotá (43,2%) y Medellín (45,1%) presentan los menores indicadores de informalidad para las mujeres, la situación es preocupante porque en todas se supera el 43%.

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